PANISTAS CORRUPTOS

Oceanografía ganó 46 mmdp con panismo

Durante los gobiernos panistas, Pemex Exploración y Producción (PEP) otorgó 106 contratos a la empresa Oceanografía, S.A. de C.V., por un valor total de 45 mil 986 millones de pesos.

En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), la empresa obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) contratos por 10 mil 530 millones de pesos, en tanto que durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012) logró triplicar el monto a 35 mil 456 millones de pesos.

De acuerdo con el portal de Obligaciones de Transparencia de Petróleos Mexicanos (www.portaltransparencia.gob.mx), 2008 y 2012 fueron los años en que más provecho sacó la empresa hoy investigada por fraude, por más de 400 millones de dólares, en agravio de Banamex, filial del grupo estadounidense Citigroup.

En 2008, Oceanografía obtuvo 20 contratos por un valor de 12 mil 439 millones de pesos.

En el último año de la presidencia de Felipe Calderón (2012), la subsidiaria de Pemex otorgó a esta empresa 25 contratos por 11 mil 75 millones de pesos.

Durante los dos sexenios del PAN, Pemex tuvo cuatro directores generales: Raúl Muñoz Leos (2000-2004), Luis Ramírez Corzo y Hernández (2004-2006), Jesús Reyes Heroles González Garza (2006-2009) y Juan José Suárez Coppel (2009-2012).

En el primer año de la administración actual, Oceanografía obtuvo de Pemex seis contratos adicionales por 3 mil 76 millones de pesos.

De largo alcance

De acuerdo con la información consultada, existen 22 contratos que fueron aprobados en los sexenios panistas y que seguirán vigentes.

La mayoría vencerá a finales de este año o en el siguiente, pero siete de ellos —todos por montos superiores a 200 millones de pesos— concluirán hasta 2022.

Durante los últimos años, los contratos fueron otorgados lo mismo para ofrecer servicios de transporte a la paraestatal, que para vender un barco procesador.

También se brindaron servicios de rehabilitación de ductos submarinos, instalación y rehabilitación de plataformas, construcción de gasoductos, amarre de buques, apoyo a perforación de pozos, entre otros.

La información oficial señala que sólo cinco contratos fueron otorgados por adjudicación directa. Éstos suman 2 mil 600 millones de pesos. El resto se adquirió por licitación nacional o internacional, es decir, sí hubo concurso de por medio.

Negocio millonario

De acuerdo con información oficial, el contrato 428237849 fue el más importante que consiguió Oceanografía, con un valor de casi 5 mil millones de pesos por concepto de “montaje de equipos y estructuras diversas, adecuaciones estructurales y servicios de apoyo a la operación en las instalaciones de PEP” en la zona económica exclusiva en el Golfo de México.

Todos los contratos obtenidos por Oceanografía alcanzan cifras millonarias. El de menor valor —con el número 418235812— fue de 27.4 millones de pesos.

Hasta 2010, los contratos establecidos entre Pemex y Oceanografía estaban pactados en pesos mexicanos, sin embargo, a partir de 2011 la paraestatal comenzó a darle también contratos en dólares.

La Coordinación de Servicios Marinos fue la unidad dentro de PEP que más contratos otorgó a Oceanografía, al concederle 76 contratos con un valor de 30 mil millones de pesos.

Otras unidades que también dieron contratos a la empresa fueron la Subdirección de Servicios a Proyectos y la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos.

MÁS PANISTAS EN CORRUPCIÓN DE OCEANOGRAFÍA

Santiago Creel Garza-Rios

una red de implicaciones de funcionarios panistas durante el “docenato” del Gobierno Federal con la empresa Oceanografía que por más que traten de ocultar es evidente, como el ex candidato a la gubernatura de Campeche, Mario Ávila Lizarraga y su ex coordinador de campaña Jorge Luis Lavalle Maury, afirmó el coordinador de Cultura de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Héctor Malavé Gamboa, al exigir una investigación seria del accidente registrado en la plataforma petrolera Deep Drill 1, posicionada en la Akal-TD de Cantarell.

Así como los panistas en su momento saquearon, robaron y se enriquecieron con la corrupción en Pemex, deben ser castigados y encarcelados por el daño que le han provocado a la nación, indicó, y sostuvo que Lavalle Maury también sería uno de los beneficiados por ser uno de los más cercanos de Ávila Lizarraga, pues operó un intento de soborno a una empresa editorial en la campaña electoral del 2009.

“Se necesita librar a Pemex de la corrupción, echar abajo la reforma energética y utilizar la paraestatal como palanca de desarrollo, porque los conflictos internacionales generarán que la industria petrolera esté sometida a presiones de intereses extranjero”.

Malavé Gamboa aseveró que el incendio en la plataforma petrolera Deep Drill es prueba de la dudosa calidad del servicio de las empresas que trabajan para Pemex, y es lamentable que no se genere información sobre la condición de salud de los obreros heridos.

OCEANOGRAFÍA: PGR VA POR MÁS; SOCIOS BUSCAN AMPARO

Ayer se confirmó el arraigo domiciliario en contra de Amado Yáñez Osuna, el mayor accionista de la empresa; otro socio se amparó desde el 20 de marzo; los Álvarez Puga en la mira.

La Procuraduría General de la República (PGR) identificó a directivos, socios y accionistas de la empresa Oceanografía que, además del presidente de la empresa, Amado Yáñez Osuna, podrían haber participado en las operaciones fraudulentas y blanqueo de fondos en que habría incurrido dicha empresa contratista de Pemex. Autoridades federales confirmaron a este medio que desde la semana pasada se comenzaron a girar citatorios de presentación a las personas posiblemente involucradas.

Uno de los socios de la empresa, Oscar Rodríguez Borgio, tramitó desde el 20 de marzo un amparo en contra de cualquier orden de presentación, localización o detención que se gire en su contra.

Ayer el procurador Jesús Murillo Karam confirmó que se comenzaron a girar los citatorios correspondientes en el marco de la investigación. La primera de ellas fue la de Yáñez Osuna, quien decidió presentarse de forma voluntaria a declarar antes de que fuera buscado por la Policía Federal Ministerial.

Según las fuentes consultadas, hay por lo menos cinco citatorios girados a personas vinculadas con la operación de esta empresa, la cual es investigada entre otras cosas por un fraude cercano a los 400 millones de dólares en agravio de Banamex. Las identidades de los citados no se han revelado.

En la comparecencia del pasado 10 de marzo ante la Cámara de Diputados, el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, reveló a petición de los legisladores la estructura directiva de Oceanografía. Además de Yáñez, figuran como accionistas Carlos Daniel Yáñez Osuna y Alberto Durante Martínez, además de las empresas Energy Group México; Grupo Acnuc e Inmobiliaria Amaguevez.

A esto se suman por lo menos nueve personas más que, de acuerdo con la documentación recabada por Pemex y la PGR, figuran como socios principales de la empresa.

Alvarez Puga, la historia sin concluir

Este despacho, en el que aparecen como socios mayoritarios los hermanos ALEJANDRO y MIGUEL ALVAREZ PUGA, promovía la creación de empresas fantasmas bajo el esquema outsourcing para evadir al fisco.

Según el diario La Verdad, de Quintana Roo, referido en los portales Kikka y Meridiano 90, SANTIAGO CREEL GARZA RÍOS, hijo mayor del precandidato panista, esta relacionado con los negocios del bufete y en los próximos días estaría enfrentando una orden de aprehensión.

CAE EL PRESIDENTE DE OCEANOGRAFÍA; LA LISTA DE LOS QUE SIGUEN

sta madrugada, MILENIO corroboró de fuente insospechable que Amado Yáñez, presidente de Oceanografía, fue capturado por la Procuraduría General de la República (PGR).

El pasado 28 de febrero, el procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer que la empresa fue asegurada debido a presuntas irregularidades en torno a un financiamiento bancario.
1. Mario Ávila
Ávila Lizarraga es protegido por muchos actores políticos como Ernesto Javier Cordero Arroyo y el senador Jorge Luis Lavalle Maury. MAAL había dado plena muestra de su abyección, pasión por clavarse el dinero público y su vocación irrefrenable por las prácticas fraudulentas, durante su paso por la Sedeso y candidato de la familia ibérica Mouriño al Gobierno del Estado, portando las siglas de su franquicia, el PAN.

Lo peor no fue eso, sino que para apoderarse de la primera magistratura estatal, el clan ibérico, sin duda alguna con conocimiento y complicidad de Calderón, urdió el fraude mediante el cual intentó posicionar a Ávila con recursos millonarios de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Es decir, dinero originalmente destinado a asistir a las familias más vulnerables del país, y que se trató de desviar a fines políticos.

En el fraude fallido del candidato fallado en Torres de Cristal, participaron Carlos Mouriño Terrazo; el coordinador de la campaña de MAAL, Jorge Luis Lavalle Azar –hoy senador del PAN, quien tiene como suplente a María de los Ángeles Terrazo Blanco de Mouriño—, y el entonces director general de la Lotenal, Miguel Ángel Godínez.

2. Alejandro y Víctor Álvarez Puga

Las auditorías se dirigieron a identificar supuestos ilícitos en que incurrieron la empresa al ofrecer servicio de outsourcing a sus múltiples clientes, esquemas para evadir responsabilidades fiscales y de seguridad social para sus trabajadores. Con una red bien organizada a lo largo del país, los Álvarez Puga contactaron a distintos personajes, a quienes incluyeron en su nómina para hacerse de más clientes, y en sociedad evadir las responsabilidades tributarias por millones de pesos de una larga lista de compañías. Después de investigaciones realizadas y diversas denuncias presentadas, el SAT detectó que Álvarez Puga y Asociados asesoran a sus clientes para que incurran, entre otras cosas, en conductas de evasión fiscal mediante los esquemas de suministro de personal (outsourcing) utilizando la naturaleza legal jurídica de diversas sociedades mercantiles. Integrados a estos esquemas, pierden el acceso a servicios de salud, pensiones de cesantía y vejez, guardería para sus hijos y crédito para una vivienda digna, conductas que las autoridades federales consideran ilicitas. Algunas de las actas circunstanciadas fueron UEIDFF/AC/25/2010, UEIDFF/AC/26/2010, UEIDFF/AC/27/2010, UEIDFF/AC/28/2010, UEIDFF/AC/29/2010, UEIDFF/AC/30/2010 y UEIDFF/AC/31/2010. Alejandro Mario y Víctor Manuel son socios de Armando Yañez, dueño de Oceanografia.

3. Los Bribiesca

Dos años antes de que Vicente Fox dejara la Presidencia de la República, poder que compartía con su esposa Marta Sahagún, los hijos de ésta –Manuel y Jorge Bribiesca– y su hermano Guillermo Sahagún ya estaban identificados en el sector público federal como los Coyotes de Los Pinos, en donde lo mismo gestionaban contratos públicos en beneficio de empresas privadas, que negociaban “perdones fiscales” para empresarios “amigos” que les pagaban jugosas comisiones.

Todas esas operaciones de tráfico de influencias y abuso de poder fueron documentadas desde 2004 en las revistas Contralínea y Fortuna; sin embargo, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón no sólo permitieron la corrupción, sino que la encubrieron hasta el grado de promover desde Los Pinos múltiples demandas a través de empresas privadas corruptas en contra de los periodistas responsables de estas investigaciones, a fin de evitar que se publicaran más informaciones sobre dichas operaciones promovidas y solapadas desde la Presidencia de la República en los últimos 2 sexenios.

Manuel Bribiesca, hijo de Martha Sahagún, reconoció en una entrevista a un medio de comunicación: “Mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato”.
4. Hermanos Rodriguez Borgio

El 5 de febrero pasado, el juez 35 de lo penal en el Distrito Federal, Gilberto Cervantes Hernández, giró orden de aprehensión en contra de Javier Rodríguez Borgio, Jorge Buela Serrano y Tomás Alejandro Tarín Pérez, porque están acusados de falsificar un contrato de compra venta, con fecha del 15 de mayo de 2003, para apoderarse de la empresa Casinos Comercial de Juegos de la Frontera, SA de CV, propiedad del estadunidense John Richard Long.

En el historial obtenido por este diario se observa que ha promovido diferentes amparos, tanto por órdenes de aprehensión como en contra del proceso que se siguió por falsificación de documentos. Desde abril de 2012, cuando la PGR estaba a cargo de Marisela Morales, se le abrió una investigación por la venta de gasolina robada a Pemex.
3. Martin Díaz Álvarez
Díaz Álvarez opera una red de gasolineras que, presuntamente, tiene como proveedores a los cárteles y empleados de Pemex dedicados al robo y ordeña de gasolina. El pasado 16 de diciembre la PGR pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportar toda la información de las cuentas de Martín Díaz Álvarez, desde el año 2005.

Al mismo tiempo la SEIDO solicitó a la Agencia de Investigación Criminal realizar una investigación exhaustiva para ubicar y detener a Díaz Álvarez, mediante un mandamiento ministerial.

Las compañías con las que relacionan a Díaz Álvarez son Grupo Kamerum S. A. de C. V. y Grupo Queroli S. A. de C. V., parte de Grupo Gasolinero Mexicano, el cual blanquearía sus ganancias en otra de sus empresas: Libertad Servicios Financieros. Esta última dedicada al préstamo prendario en Querétaro, principal patrocinador del equipo de futbol Gallos Blancos, propiedad del dueño de Oceanográfica, Amado Yañez.
4. Jorge Lavalle Mauri

Por mera curiosidad periodística vale preguntarse si alguno colaborador ó excolaborador de Mario Ávila esta involucrado en el caso Oceanografía. A la hora de indagar salta primero el nombre del senador Lavalle Maury, cuya suplente es la señora María de los Ángeles Terrazo Blanco, madre de Juan Camilo Mouriño Terrazo. El cargo más relevante que Lavalle ostentó, antes de llegar a la Cámara Alta, fue el de coordinador de campaña para la gubernatura de Campeche del candidato panista Mario Ávila Lizárraga. Después ocupó el mismo puesto que Mario Ávila en la SEDESOL. Finalmente Lavalle, desde la senaduria, operaba contratos y se convirtío en el operador financiero de MAAL y los Mouriño, permitiendo blanquear un sin número de transacciones ilegales.
5. César Nava

En 2004 Amado Yáñez Osuna, accionista principal de la naviera Oceanografía, cabildeó con el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, y con sus colaboradores Juan Camilo Mouriño Terrazo y César Nava, millonarios contratos petroleros, según revela un expediente que Pemex entregó a una comisión especial de legisladores. Pemex acusó formalmente ante una corte de Nueva York a César Nava por presuntamente participar en una conspiración de las empresas Siemens y SK Engineering para defraudar a la paraestatal durante las obras de reconfiguración de la Refinería de Cadereyta.

INVOLUCRA A CALDERÓN Y CORDERO CON OCEANOGRAFÍA

MÉXICO, D.F. (apro).- El ajuste de cuentas entre grupos del Partido Acción Nacional (PAN) crece: Gustavo Madero involucró hoy a Felipe Calderón y Ernesto Cordero en el escándalo de la empresa Oceanografía, al afirmar que ellos conocen “información detallada” del caso por haber sido miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En un comunicado en el que rechazó tener nexos con la empresa Oceanografía, favorecida en los sexenios del PAN con multimillonarios contratos y acusada ahora por la Procuraduría General de la República (PGR) de defraudación y lavado de dinero, Madero dijo sumarse “a las exigencias de que las autoridades competentes investiguen hasta las últimas consecuencias a quien o quienes resulten responsables, independientemente de su militancia partidista”.

Y expresó: “Estoy seguro de que la información detallada sobre el caso Oceanografía podrán ofrecerla los funcionarios que administraron Pemex en los últimos 12 años, así como los miembros de su Consejo de Administración en ese lapso”.

Madero se refirió a los directores de Pemex en dos gobiernos federales del PAN: Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corso, en el sexenio de Vicente Fox, así como Jesús Reyes Heroles y Juan José Suárez Coppel, en el de Calderón.

Pero también aludió a Calderón y a Cordero: El primero fue presidente del Consejo de Administración de Pemex cuando fue secretario de Energía, en el sexenio de Fox, y Cordero, contendiente de Madero por la presidencia del PAN, fue integrante cuando fue secretario de Hacienda en el sexenio del primero.

Hay, además, un tercer involucrado: César Nava Vázquez, quien fue abogado general de Pemex desde 2001, nombrado por Fox pero a instancias de Calderón, quien era coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

Madero, aspirante a la reelección como presidente del PAN, emitió hoy un comunicado sobre “los señalamientos que se han venido difundiendo en diversos medios de comunicación sobre una supuesta vinculación entre mi persona y la empresa Oceanografía”.

Y puntualizó: “No existe ni ha existido vínculo alguno entre dicha empresa y su servidor. No conozco a sus dueños y nunca he tenido trato con ninguno de sus funcionarios u operadores”.

Sobre la fotografía difundida por diarios y redes sociales, en el que aparece en un avión que pertenece a Oceanografía, asegura que fue durante una visita a Campeche, y aclaró que “se trató de un servicio aéreo gestionado por el diputado Jorge Rosiñol Abreu, quien organizó la gira”.

Precisó: “Tal y como él ya lo ha expresado públicamente, no participé ni tuve involucramiento alguno en esa situación, salvo como un pasajero más en una aeronave que ofrece sus servicios para el traslado aéreo”.

Y subrayó: “Más allá de las descalificaciones mal intencionadas, fundamentadas en intereses que se sienten afectados por la agenda de reformas estructurales que hemos impulsado, lo que verdaderamente preocupa son las denuncias por lavado de dinero y fraude a instituciones bancarias que investiga hoy la Procuraduría General de la República en relación con Oceanografía.

“Por lo tanto, me sumo a las exigencias de que las autoridades competentes investiguen hasta las últimas consecuencias a quien o quienes resulten responsables, independientemente de su militancia partidista.

“Estoy seguro de que la información detallada sobre el caso Oceanografía podrán ofrecerla los funcionarios que administraron Pemex en los últimos 12 años, así como los miembros de su Consejo de Administración en ese lapso”.

PIDE AN COMPARECENCIA DE MAAL POR OCEANOGRAFÍA

Mario Avila y su esposa Maribel Gutiérrez Rullán

Luego de deslindar ayer al Partido Acción Nacional (PAN) de la red de corrupción que orquestó Mario Ávila Lizarraga, el presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) panista, Pablo Gutiérrez Lázarus exigió además a la Procuraduría General de la República (PGR) que el ex candidato a la gubernatura sea llamado a comparecer.

“La PGR debe hacer su trabajo y mandarlo a citar para que despeje dudas, hasta ahora no vemos que las autoridades actúen contra él”, reconoció el presidente del comité directivo municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Pablo Gutiérrez Lázarus.

“Mario Alberto Ávila Lizarraga debe transparentar bienes, todo funcionario público debe realizar su declaración patrimonial para saber con qué recursos económicos cuenta al iniciar un periodo administrativo y al finalizar debe repetir este mismo procedimiento para saber cuánto es lo que generó de ganancias”, dijo, aludiendo al enriquecimiento del antes vendedor de autos.

Durante la semana, varias voces de diversos actores políticos han pedido a la Procuraduría General de la República (PGR) una orden de presentación para el ex funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“El tema de Mario Ávila es lo más sonado, sin embargo creo que hasta ahora no ha sido requerido por las autoridades federales y por lo tanto el señor sigue libre, creo que debe dar la cara en su momento, mientras no se le requiera de manera oficial él está en todo su derecho de estar libre, en caso que se le encontrara alguna responsabilidad sin lugar a dudas que sería grave la sanción para él y también estaría afectando al panismo campechano”, aseguró Gutiérrez Lazarus.

Sostuvo también que “las instituciones tienen los espacios y métodos suficientes para hacer la investigación correspondiente de los bienes que tiene cada funcionario, las autoridades federales tienen el acceso a la información bancaria, pero aún así Mario Ávila debería transparentar sus bienes, aparte por ley el funcionario público debe realizar su declaración patrimonial para ver cómo inicia y cómo termina el ejercicio para el cual fue encomendado”.

MARIO ÁVILA, CÓMPLICE Y OPERADOR DEL EMPRESARIO

Ávila Lizarraga es protegido por muchos actores políticos como Ernesto Javier Cordero Arroyo y el senador Jorge Luis Lavalle Maury.

Luego de haber puesto fin al imperio de corrupción de Amado Yáñez Osuna a través de su empresa Oceanografía, la Procuraduría General de la República (PGR) debe poner tras las rejas a su principal operador de Petróleos Mexicanos (Pemex), Mario Alberto Ávila Lizarraga, indicó el coordinador municipal de la “Izquierda Renovadora en Movimiento”, (IRM) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Alfonso Medina Peralta.

Mario Avila Lizarraga

El perredista señaló que Ávila Lizarraga al estar a cargo de la Subdirección de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción (PEP), durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, otorgó innumerables contratos millonarios a la empresa Oceanografía.

“Hay que recordar que el extinto Juan Camilo Mouriño Terrazos fue quien lo colocó en dicho puesto para favorecer al clan panista de Campeche y de Carmen, entre ellos el magnate empresario Yáñez Osuna a quien asignó innumerables contratos millonarios por compromiso de poder con los hermanos Bribiesca Sahagún, también dueños de Oceanografía”, subrayó.

Por eso procurador general, Jesús Murillo Karam, debe reforzar las líneas de investigaciones contra Ávila Lizarraga sospechoso de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, delitos en los que seguramente estuvo involucrado el empresario petrolero.

Sin embargo Ávila Lizarraga es protegido por muchos actores políticos como Ernesto Javier Cordero Arroyo y el senador Jorge Luis Lavalle Maury, dijo.

HISTORIAL DE CORRUPCIÓN

Entre el historial de corrupción de Yáñez Osuna dijo se encuentra el accidente en altamar que sucediera el 23 de octubre del 2007, donde debido a condiciones climatológicas adversas en la Sonda de Campeche, el equipo de perforación autoelevable Usumacinta golpeó el pozo Kab-101, causando una fuga de aceite y gas, y muerte de 22 trabajadores de Oceanografía.

Éste tiene el 76 por ciento de las acciones de Oceanografía, en complicidad de Martín Díaz Álvarez, jefe financiero y segundo accionista de la empresa, comenzó negociaciones con los hermanos Bribiesca Sahagún durante el gobierno de Vicente Fox, obteniendo contratos millonarios para sus empresas.

La corrupción de Amado Yáñez se muestra en el contrato 18575107/545/12 hacia la empresa Servicio de Transporte de Personal y Material y Equipo Ligero en el Golfo de México, por 117 millones 379 mil 369 dólares; a la firma del contrato, la empresa recibió además 193 mil 870 millones de pesos.

MARIO ÁVILA, PEÓN DE LOS MOURIÑO

Los hijos de Mario Alberto Ávila Lizarraga dejaron de asistir al Instituto Cumbres desde hace dos meses, porque la familia se trasladó a Houston, Texas, por cuestiones laborales, “aunque no se despidieron”, confirmaron fuentes cercanas al ex candidato panista a la gubernatura de Campeche, investigado por corrupción cuando fue subdirector de Mantenimiento y Logística de la Coordinación de Servicios Marítimos de Pemex Exploración y Producción.

Aunque quienes conocen a Ávila Lizarraga y su esposa Maribel Gutiérrez Rullán, declinan aludir de frente el escándalo nacional por la firma de contratos indebidos en Pemex, en cafés, escuelas de la “gente bien” de Campeche y hasta en oficinas gubernamentales no se deja de hablar del asunto.

El diputado independiente Manuel Zavala Salazar consideró que en las irregularidades detectadas en Oceanografía, el ex candidato panista “sólo era un peón de los Mouriño. Lo quieren usar de chivo expiatorio, pero quitan la atención de los peces gordos, como los ex presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y los empresarios de origen ibérico Carlos Mouriño Atanes y su hijo Carlos Mouriño Terrazo”.

MAAL y su familia viven en la ciudad de Houston, Texas, “en lo que es llamada la comunidad de campechanos. No hay que perder de vista que esa es la capital petrolera de Estados Unidos”, destacaron informantes.

Mario Avila y su esposa Maribel Gutiérrez Rullán

Algunos personajes carmelitas aseguran que “Mario Ávila se movió con perfil muy bajo en Ciudad del Carmen como funcionario de Pemex, pese a su importante cargo”.

Recuerdan cuando Maribel Gutiérrez, su esposa, arrolló a un motociclista y su acompañante. “Llamó mucho la atención que Mario Ávila se acercara al lugar del incidente. La mujer no fue detenida y la Policía Municipal brindó todas las facilidades para llegar a un acuerdo con los afectados. Obviamente se ganó por dinero”.

Zavala Salazar insistió: “Si quieren combatir la corrupción de ex funcionarios de Pemex, deberían ir contra Fox y el espurio Calderón, de los Bribriesca, de Nava, Germán Martínez, los Yáñez y por supuesto a los Mouriño, del que Ávila era peón. Todo Campeche lo sabe, ¿por qué no se les investiga?”, subrayó.

OCEANOGRAFÍA HUELE A MOURIÑO

Carlos Mouriño

Días después de que el líder de la izquierda Andrés Manuel López Obrador denunció a Juan Camilo Mouriño por actos de corrupción en Pemex en 2008, Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón, gozaba el golpe en un restaurante cercano a Los Pinos al entonces secretario de Gobernación. Mouriño, alter ego de Calderón, era mal visto por la familia Zavala, que tenía la percepción de que quien tenía todas las confianzas del entonces presidente no tenía las manos limpias.

Mouriño, quien murió en un accidente de aviación a finales de aquel año, dejó de ser cuestionado por supuestos actos de corrupción, pero seis años después, su nombre brincó en la investigación de Oceanografía, la empresa petrolera que el gobierno de Vicente Fox rescató de la bancarrota, y que continuó con contratos, privilegios y blindaje judicial en el de Calderón. Pero no sólo es Juan Camilo, sino su familia la que aparece en las líneas de investigación sobre la empresa, como el posible eje alrededor del cual se tejieron relaciones de presunta corrupción que lleva al corazón de la última presidencia panista.

Procedente de España, los Mouriño se radicaron en Campeche y tenían cuatro gasolineras. En 1995 estaban en bancarrota, pero Carlos Mouriño, el jefe de la familia, se había hecho amigo de Fox por el origen de ambos, y fue coordinador regional de su campaña presidencial. Al ganar Fox, Mouriño le pidió una secretaría de Estado para Juan Camilo, quien prefirió aliarse con Calderón, que conoció como presidente del PAN.

Para entonces Mouriño se había relacionado con Amado Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía, por medio del entonces director adjunto Leonardo Olavarrieta, muy amigo de él. Pese al conflicto de interés, Calderón lo hizo diputado federal y presidente de la Comisión de Energía, durante un periodo en el que la familia Mouriño incrementó sus negocios energéticos y construyó lo que hoy tiene: 40 gasolineras y Transportes “Ivancar” –el acrónimo de los hermanos Juan Camilo, a quien llamaban sus cercanos “Iván”, y Carlos-, que son pipas para transporte de hidrocarburos. Al mismo tiempo, Oceanografía empezó a convertirse en una de las principales empresas proveedoras de Pemex.

Al terminar la legislatura, Mouriño se fue con Calderón a la Secretaría de Energía. En esos años, Oceanografía estaba metida en escándalos por su vinculación con los hijos de Marta Sahagún, esposa del entonces presidente Fox, que le ayudaban a conseguir contratos a la empresa y blindarla de problemas judiciales. Cuando Calderón llegó a la Presidencia y Mouriño se convirtió en jefe de la Oficina, bloqueó a los hijastros de Fox en sus tareas de gestoría y respaldo político a Oceanografía, y las asumió él. A Los Pinos llegó también César Nava como secretario particular de Calderón, el abogado de Pemex cuando se le otorgaron polémicos contratos a esa empresa por 9 mil millones de pesos en el gobierno foxista.

El petróleo y la política se habían mezclado en Campeche, y el eje era la familia Mouriño. En las elecciones para gobernador de Campeche, Mouriño promovió como candidato del PAN a Mario Alberto Ávila, quien perdió la elección en 2009, meses después de haber muerto en el accidente de aviación. Carlos Mouriño, su hermano, lo rescató. Le pidió a Calderón que lo hiciera subdirector de los servicios marítimos de PEP, con sede en Ciudad del Carmen, uno de los cargos más importantes, por lo delicado y el volumen de dinero que se maneja en contratos. El sindicato petrolero se opuso a Ávila, pero después de nueve meses, Calderón lo nombró, convirtiéndolo en el primer neófito en la materia que llegaba a ese puesto.

Ávila, quien está siendo investigado por la PGR por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero, vive en Houston y es una de las piezas claves de la investigación contra Oceanografía. La empresa, con oficinas en Campeche, siempre estaba al tanto de las licitaciones que venían y cómo se cotizaban las licitaciones. Este acceso a información privilegiada, le permitía mejorar cualquier cotización de sus competidores para la renta de buques y plataformas, que después compensaba con el sobreprecio en los servicios a bordo. “Mouriño impulsó a Oceanografía”, dijo contundente un funcionario. No sólo Juan Camilo, sino la familia, con el respaldo directo del expresidente Calderón. Si estaba enterado o no el exmandatario de los negocios oscuros en los que se encontraban, no se sabe. Lo que sí se conoce es que una parte de su familia, encabezada por su esposa, nunca confiaron de la transparencia de los Mouriño.

LAS FRANQUICIAS DE LOS MOURIÑO

Tras el ascenso de Juan Camilo Mouriño a la Segob, el consorcio Grupo Energético del Sureste recibió nuevos contratos de franquicias de Pemex Refinación, pese a que la ley prohíbe las relaciones contractuales entre funcionarios públicos o sus familiares directos con el gobierno federal

No habían pasado 48 horas desde que Juan Camilo Mouriño asumiera la titularidad de la Secretaría de Gobernación, cuando su familia obtenía nuevos contratos en Petróleos Mexicanos.

El 18 de enero de 2008, Carlos Mouriño Terrazo acudió a las oficinas corporativas de Pemex Refinación, en Marina Nacional, para firmar un contrato de franquicia para operar la estación de servicio de gasolina E09121, en Mérida, Yucatán, a nombre del Grupo Energético del Sureste (GES).
Carlos Mouriño, a la sazón secretario del Consejo de Administración de la firma ESGES (controladora de las gasolineras propiedad de la familia Mouriño), presentó documentos notariales en los cuales Juan Camilo aparece como tesorero del corporativo.

Para la adjudicación de la franquicia ubicada en la colonia México, en el municipio de Mérida, el empresario presentó ante Refinación el acta constitutiva número 39 de la empresa Servicio Puente de Grijalva, SA de CV, creada el 18 de abril de 2000 y formalizada ante el notario público 18, de Campeche, Tirso René Rodríguez de la Gala Guerrero.

De acuerdo con el documento notarial, el giro de la empresa es “la comercialización de gasolinas y diesel suministrados por Pemex Refinación, así como lubricantes marca Pemex”; además de “explotar servicio público federal de carga especializada en transporte de materiales y residuos peligrosos”, e “instalar, administrar, operar, arrendar, comprar y vender gasolineras, así como comercializar con la gasolina, diesel, aceites y lubricantes, sus derivados directos e indirectos […]”.

La empresa se creó con un capital social de 60 mil pesos. Sus accionistas son: Grupo Energético del Sureste, SA de CV, 99 por ciento, y Manuel Carlos Mouriño Atanes, 1 por ciento. Como accionistas del GES aparecen: Manuel Carlos Mouriño Atanes, María de los Ángeles Terrazo Blanco, Carlos Mouriño Terrazo, María de los Ángeles Mouriño Terrazo y Juan Camilo Mouriño Terrazo. Según el acta constitutiva, Servicio Puente de Grijalva es dirigida por un Consejo de Administración formado por Manuel Carlos Mouriño Atanes, presidente; Carlos Mouriño Terrazo, secretario, y Juan Camilo Mouriño Terrazo, tesorero.
A inicios de 2008, Refinación otorgó nuevos contratos a la familia del secretario

El 3 de noviembre de 2004, cuando Juan Camilo Mouriño Terrazo se desempeñaba como subsecretario de Electricidad, en la Secretaría de Energía, los accionistas de Servicio Puente de Grijalva se reunieron en asamblea general extraordinaria, presidida por Carlos Mouriño, en su carácter de delegado especial. Acordaron modificar el nombre de Servicio Puente de Grijalva por ESGES, SA de CV. El argumento: “Presentar una nueva imagen corporativa, sin que implique ello una nueva estructura accionaria”. Así que, según la escritura pública 259, mediante la cual se certificó la reunión del Consejo de Administración, se modificó el nombre de la compañía, pero no sus acciones ni sus propietarios.

Con los citados documentos notariales, dos días después de que Juan Camilo Mouriño fuera designado secretario de Gobernación, Refinación signó con Carlos Mouriño el contrato mercantil NFC-1373 (las letras se refieren a nuevo contrato de franquicia), firmado por José Ramón Rodríguez Jiménez, gerente de Ventas a Estaciones de Servicio. El documento revela que los franquiciatarios pagaron 313 mil pesos para explotar la sublicencia de Pemex Refinación durante 15 años –de 2008 a 2023–, a prorrogarse por periodos de cinco años por tiempo indefinido. Refinación asignó a la estación la calificación de tres estrellas, considerada máxima categoría de franquicia.

Según las cláusulas estipuladas en el documento, los compromisos de Pemex con las empresas de la familia del secretario son: “Transmitir al franquiciatario la tecnología y los conocimientos técnicos, operativos y de negocios, necesarios para la adecuada operación de la estación de servicio a que se refiere el presente contrato, así como brindarle la asistencia técnica”. Tras el contrato de franquicia, se firmó el contrato de suministro, en el cual la paraestatal se obliga a abastecer a la estación la gasolina y diesel de las marcas Pemex, así como aceites y lubricantes comercializados por Refinación y demás productos petrolíferos que elabore.

El 18 de febrero la familia del secretario de Gobernación recibió otra franquicia, para operar la estación de servicio E06142, ubicada en Luis Donaldo Colosio, entre calle 15 y calle 36, colonia Puntilla, Ciudad del Carmen, Campeche. La operación se formalizó mediante el contrato mercantil NCF-1943, signado por José Ramón Rodríguez Jiménez y Carlos Mouriño.
Por ésta se pagaron 156 mil pesos para operar como estación de servicio tres estrellas, vigente del 18 de febrero de 2008 al 6 de agosto de 2016. Una vez concluido el plazo se podrá prorrogar por periodos de cinco años. Carlos Mouriño exhibió ante Pemex Refinación los documentos notariales, cuya copia posee Contralínea, donde su hermano Juan Camilo aparece como tesorero de la sociedad.

Los artículos 2, 7, 8, 15 y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP) prohíben a todo funcionario tener relaciones contractuales, convenios o cualquier asunto con el gobierno federal del que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

La misma ley impide a los funcionarios públicos y sus familiares tener beneficios económicos de cualquier programa de gobierno, pues lo anterior significaría conflicto de intereses. El artículo ocho establece como sanción, la destitución e inhabilitación –para ejercer empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde hasta por 20 años– del funcionario.

Los contratos mercantiles no fueron los primeros. En enero de 2007, cuando despachaba como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Refinación le otorgó a GES la franquicia E08936. Formalizada con el contrato mercantil NCF-0821, se signó el 25 de enero, por María Guadalupe García Osuna, subgerente de Ventas Regional, adscrita a la Subdirección Comercial, y Carlos Mouriño Terrazo. La franquicia por 15 años les costó 300 mil pesos.
Juan Camilo, franquiciatario
En 2003, integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, adscritos a la delegación Lerma, en Campeche, denunciaron ante su dirigencia un supuesto fraude contra la paraestatal, atribuido a GES: el desvío a sus gasolineras –ubicadas en los municipios de Campeche, Escárcega y Champotón– de la gasolina que Transportes Especializados Ivancar debía entregar –según su contratación con Pemex– a las estaciones ubicadas en las zonas fronterizas de la Península, la cual tenía subsidio de casi 40 por ciento del costo.
Contrato a favor de Servicio Lomas de Ocuitzapotitlán

La denuncia fue desechada y Pemex Refinación otorgó a los Mouriño una nueva franquicia, ahora para operar la gasolinera ubicada en el kilómetro 15 de la carretera Villahermosa-Frontera, en Tabasco.

El contrato fue suscrito el 27 de agosto de 2003 por Juan Camilo Mouriño Terrazo, tesorero del Consejo de Administración, y por los funcionarios de la subsidiaria Francisco Morales Ramírez, subgerente de la Subdirección Comercial; Víctor Miguel Cevallos Remes, superintendente de Apoyo a Franquiciatarios, y José Martín Herreros Tapia, coordinador de Especialidad Técnica.

El documento mercantil FP-2678 –que consta de cinco fojas– otorga a la empresa Servicio Lomas de Ocuitzapotilán, SA de CV, la franquicia E07239. Asienta que dicha compañía fue creada el 6 de diciembre de 2001, mediante el acta constitutiva 230, otorgada por el notario Tirso René Rodríguez, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad cuatro días después.

Los accionistas son: GES, 99 por ciento, y Manuel Carlos Mouriño Atanes, 1 por ciento. El capital social, 600 mil pesos, y su objeto social principal, la comercialización de gasolinas y diesel suministrados por Pemex Refinación, así como lubricantes marca Pemex. Al frente de ésta quedó un Consejo de Administración presidido por Mouriño Atanes; Carlos Mouriño Terrazo, secretario; Juan Camilo Mouriño, tesorero, y Fátima del Rosario Balan Pérez, comisario.

Entre sus entonces apoderadas destaca Evangelina Aurora Méndez Uh, quien fuera consejera del Instituto Estatal Electoral de Campeche, por el Distrito III, para las elecciones federales de 2006.

En 2003, la empresa obtuvo la licencia de franquicia de Pemex, con vigencia de 15 años y con derecho a prorrogas de cinco años por tiempo indefinido. El costo de 200 mil pesos incluyó la clasificación tres estrellas.
Un año después, Nacional Financiera le otorgó subsidios por 600 mil pesos a Servicio Lomas de Ocuitzapotilán, que equivalen a tres veces el costo de la licencia. En 2006, recibió subsidios de la Secretaría de Economía, para la consultoría, capacitación y mejora competitiva.
Franquicia concedida a GES cuando Mouriño era jefe de la Oficina de la Presidencia

El papel de Ceballos Soberanis
Luego de que Contralínea diera a conocer los contratos entre Pemex Refinación e Ivancar –signados por el secretario Mouriño Terrazo–, el director de la subsidiaria, José Antonio Ceballos Soberanis, defendió la legalidad de éstos ante la comisión de legisladores que investigó el supuesto tráfico de influencias y conflicto de intereses.

Durante su comparecencia, el 17 de abril pasado, dijo que Juan Camilo Mouriño “nunca habló por teléfono para pedir un contrato”. Detalló que la firma del secretario era “absolutamente legal”, aunque, agregó: “Yo no era director de Refinación cuando Mouriño firmó los contratos”.

Entre el padre del funcionario, Manuel Carlos Mouriño Atanes, y Ceballos Soberanis hay una discreta amistad. Uno de los colaboradores del secretario explica a Contralínea que ésta se deriva de la supuesta defensa que el empresario ha hecho a favor del ingeniero, para que se sostenga al frente de Pemex Refinación.

El 24 de marzo de 1994, Ceballos Soberanis autorizó a la compañía Negocios y Concesiones Mexicana, SA de CV, que tiene como accionista a la familia Mouriño, el contrato 0727, para la franquicia ES-4027. El contrato mercantil fue signado por el ahora titular de Refinación, y Raúl Rodríguez Escoffie, representante de la empresa.

El servidor público firmó un segundo contrato de franquicia –120815– el 15 de noviembre de ese año, con Manuel Carlos Mouriño Atanes. Autorizaba la estación de servicio 2497, a nombre de Servicio Xpujil, SA de CV. La licencia facultó el uso “de las marcas, nombres comerciales de Pemex, sus diseños, logotipos e imagen institucional” durante 10 años, a renovarse por periodos de cinco años.

Un documento de los accionistas del GES, certificado por Tirso Rodríguez de la Gala, señala que, para noviembre de 2004, ESGES absorbió las 33 compañías referentes a las estaciones de servicio, amparadas con contratos de suministro y franquicia de Pemex. Cambió el nombre, pero no los accionistas ni el capital.

Las cláusulas
Con alrededor de 40 estaciones de servicio, la empresa de los Mouriño es actualmente una de las más grandes distribuidoras de refinados de Pemex. Las licencias de franquicia, que adquirieron de 1997 a 2008, les han costado entre 1 mil y 313 mil pesos. Todos los contratos de la familia Mouriño con Pemex son por periodos multianuales, aunque cada año se deben renovar, con su respectivo pago de derechos, indican las cláusulas generales.
Contrato signado por el ahora director de Refinación, Ceballos Soberanis, y por Mouriño Atanes

Las cláusulas de los contratos de franquicia establecen que Refinación está obligada a dar asistencia técnica y tecnológica a las empresas. También, que el contratista no puede permitir la participación accionaria o social extranjera, sea inversión extranjera directa, indirecta, neutra, “de sociedades con cláusulas de admisión de extranjeros o cualquier otra forma o esquema de participación, administración y/u operación directa o indirecta de la franquicia de pemex por parte de personas físicas o morales con cláusulas de admisión de extranjeros. En el caso de GES, al menos dos de sus accionistas son de nacionalidad española: Manuel Carlos Mouriño Atanes y Juan Camilo Mouriño.
El clausulado señala como motivo de rescisión de la franquicia el vender volúmenes o cantidades de productos petrolíferos menores a las ofrecidas o solicitadas por el consumidor. En febrero pasado, Contralínea documentó que la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor mantiene semáforo ámbar en 15 estaciones de servicio manejadas por GES, por supuestas irregularidades en el llenado de los tanques.

Se trata de Gasolinera Lerma, SA de CV; Tres Brazos, SA de CV; Servicio Xpujil, SA de CV; Servicio Novia del Mar, SA de CV; Servicio San José, SA de CV, en Campeche. En Tabasco: Servicio Nueva Frontera, SA de CV. En Quintana Roo: Servicio Sac-Xan, SA de CV; Ejido Subteniente López; Servicio Héroes, SA de CV. En Veracruz: Gasolinera del Sureste, SA de CV.

Aunque los contratos indican que estas irregularidades se penalizan con la suspensión de suministros petrolíferos hasta por 15 días o la suspensión de la operación de la gasolinera de 15 a 30 días, Refinación no ha aplicado ninguna de éstas.

Se solicitó entrevista con el titular de Pemex Refinación para hablar sobre las asignaciones de franquicia, pero Ceballos Soberanis se negó. Lo mismo ocurrió con los directivos del Grupo Energético del Sureste.