Alejandro Alvarez Puga

Amado Yañez encarcelado…

Cuando Amado Yáñez salió de su arraigo tras descubrirse el fraude de su empresa, Oceanografía, a Banamex por 600 millones de dólares, y se fue a su casa, se extendió una ola de decepción: este gobierno, el nuevo gobierno, había descubierto el mayor fraude bancario realizado por una empresa privada y su dueño seguiría en libertad el proceso penal, lo que es un mundo de diferencia hacerlo desde la cárcel.

Y sí, es cierto que la Función Pública había inhabilitado por 21 meses a su empresa, estaba en liquidación mercantil y Hacienda seguía una serie de investigaciones en las vertientes fiscal, financiera y de lavado de dinero, además de revisar las estructuras off shore que utilizó para evadir multimillonarios pagos al IMSS y al Infonavit, dejando a sus trabajadores, 10 mil, en el mayor desamparo a pesar de ser, la suya, una actividad de alto riesgo.

Pero Yáñez estaba en su casa y sus operadores y accionistas, Martín Díaz y los hermanos Rodríguez Borgio, fuera del país.

La PGR intervino a Oceanografía y la entregó al SAE para su administración; Hacienda hizo lo propio con Caja de Ahorro Libertad para proteger los ahorros de más de un millón de socios, y el equipo de futbol Querétaro fue vendido.

Personajes muy importantes de la política intervinieron en favor de los Rodríguez Borgio, que tras levantar el congelamiento de sus cuentas regresaron a México, lo que no ha hecho Martín Díaz, a quien Yáñez acusa de operar el fraude a Banamex.

El hecho, y parece ser el mensaje que manda directamente el presidente Peña Nieto, es la detención el lunes de Amado Yáñez por delitos financieros y fiscales, en un expediente más amplio de lavado de dinero y evasión.

Veremos hasta quiénes alcanza este mensaje presidencial contra la corrupción, pública y empresarial, de lo que hay escepticismo a pesar de los antecedentes de Elba Esther Gordillo y Germán Larrea, al que dobló.

Por lo pronto, ayer, la PGR consignó a Yáñez por delitos financieros a nivel de graves que le impiden salir bajo fianza.

¿Quién sigue…?

R: En este espacio hemos dado seguimiento, son hermanos, son del sur….

Oceanografía: ligas criminales

La investigación sobre Oceanografía -que desde hoy debe tener un espejo político en el Senado- se está desplegando por rutas que, de comprobarse, vincularán a campañas políticas del PAN con el narcotráfico. La línea de investigación en donde están acumulando evidencia gira en torno a Francisco Javier Rodríguez Borgio y Martín Álvarez Díaz, socios de Amado Yáñez Osuna en Oceanografía, Caja Libertad y el equipo de futbol de los Gallos de Querétaro, el estado en el cual se concentra la variable más oscura de esta red presuntamente criminal.

Dos investigaciones independientes dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, conocida por su acrónimo SEIDO, están enfocadas en Díaz Álvarez y en Rodríguez Borgio. La PGR presume que Díaz Álvarez está involucrado en la creación de una red de gasolineras propiedad de Rodríguez Borgio, que compró y distribuyó combustible que fue robado a Pemex por cárteles de la droga, en los municipios de San Juan del Río y Huimilpan, en Querétaro.

Desde el año pasado la PGR investiga a Díaz Álvarez por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, y solicitó a Interpol una orden de búsqueda y presentación para que pueda rendir sus primeras declaraciones ante las autoridades mexicanas. No se sabe con precisión en dónde se encuentra actualmente, pero cuando se inhabilitó a Oceanografía a mediados de febrero por una serie de irregularidades, Díaz Álvarez se encontraba en Vail, Colorado. De ahí viajó a Madrid, donde está Rodríguez Borgio.

El inicio de esta averiguación fue en febrero de 2012, bajo la administración de Felipe Calderón, para desmantelar una banda que ordeñaba los ductos de Pemex en Querétaro, y vendía el combustible después a privados. El inicio de ese caso fue cuando seis de las personas que detuvieron con combustible robado, declararon que uno de sus clientes era el Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), cuyo presidente es Rodríguez Borgio. Cuatro de las pipas que utilizaban para transportar el producto de la ordeña estaban rotuladas con las siglas de GGM.

Pero la investigación no tocó a Rodríguez Borgio ni a Díaz Álvarez hasta agosto del año pasado, cuando se reactivó como resultado del caso Oceanografía, que desde que llegó a la dirección de Pemex Emilio Lozoya, en diciembre de 2012, ordenó que se le investigara. Las pesquisas se cruzaron con GGM, que tiene autorización de Pemex para operar cerca de 60 gasolineras en cinco estado del país. Rodríguez Borgio está asociado con Díaz Álvarez en Libertad Servicios Financieros, que operaba Caja Libertad, y a través de sus empresas GGM Energy y GGM Shipping, con él y Yáñez Osuna en Oceanografía y los Gallos.

Rodríguez Borgio estaba siendo investigado desde 2012 por la presunta falsificación de una licencia de la Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación –en donde varios panistas han sido señalados en redes de corrupción- para su casa de apuestas Big Bola, que tiene 17 centros en 10 estados. La averiguación abierta en 2013 trata de determinar si dinero procedente de la venta ilegal de combustible fue lavado a través de los casinos, en Libertad Servicios Financieros o en Los Gallos de Querétaro.

Los panistas se han estado cruzando con la investigación de Oceanografía en cada una de sus facetas. La empresa financió a políticos en varios estados, y en el caso de Querétaro surgió por la puerta de Rodríguez Borgio. De acuerdo con las investigaciones, el empresario gasolinero apoyó las campañas electorales de Francisco Domínguez Servién para el Senado en 2012, y de Armando Rivera Castillejos para su actual puesto de regidor en el Ayuntamiento de Querétaro.

Domínguez Servién, quien no ha querido hablar sobre estas imputaciones, es uno de los senadores más cercanos al candidato a dirigir el PAN, Ernesto Cordero, y se apuntó para ser miembro en la Comisión que investigará el caso de Oceanografía en esa cámara. Finalmente se excusó, luego que un expanista lo denunciara la semana pasada ante la PGR por su vinculación con Oceanografía. Cordero lo ha estado impulsando para buscar la candidatura al gobierno de Querétaro, por la que se enfrentará al diputado Ricardo Anaya, que es el compañero de fórmula de Gustavo Madero en la lucha por la dirigencia del PAN. Rivera Castillejos, en cambio, es el jefe de la campaña de Madero en Querétaro, lo que sugiere que en este tema que apunta hacia una corrupción sistémica, hay panistas de todas las corrientes involucrados.

Querétaro también es un estado donde suenan muy fuertes los lazos de corrupción y tráfico de influencias de Oceanografía y sus empresas asociadas. Negocios lícitos y otros que se presume ilegales fueron forjados ahí. El gobernador José Calzada, de filiación priista, premiaba a Rodríguez Borgio y se fotografiaba con él, a quien consideraban un gran empresario. Calzada no ha dicho nada sobre este caso que hasta ahora sólo lo involucra por la geografía. Pero tanto a él como a los panistas les empieza a quemar por este giro paralelo que la investigación sobre los socios de Oceanografía ha tomado en el carril de la delincuencia organizada.

Outsourcing y Oceanografía

Una de las pistas que debe tener el equipo de Aristóteles Núñez en torno al caso de Oceanografía es la que vincula a la empresa Delta Servicios del Sureste -y una pléyade de firmas satélite- con la de Amado Yañez para el diseño y ejecución de ingeniería fiscal por parte del más destacado personaje en esas lides, Víctor Manuel Álvarez Puga.

El despacho Álvarez Puga tiene como especialidad la planeación de ingenierías fiscales al punto que le valió en 2010 ser fiscalizado por el SAT por la presunta realización de actos de defraudación fiscal. Delta Servicios del Sureste empieza a ser identificada como el canal por el cual se movilizaban los recursos obtenidos de Oceanografía para pago de “favores” y “amistades” por la obtención de los contratos de Pemex y de créditos bancarios.

Una de las vinculaciones que se indagan de es la de Delta con el ex tenista Oliver Fernández, presidente del Grupo OFEM y que recién anunció demandaría a Oceanografía -de donde es socio- por diversas irregularidades. Y esas indagatorias estarían por mostrar los alcances que tuvieron los dineros distribuidos en una compleja trama que bien se podría llamar “Los hijos del Moche”.

 A favor del consumidor. Ayer dos senadores, Alejandra Barrales del PRD y Omar Fayad del PRI, se manifestaron por que la reforma secundaria de telecomunicaciones se enfoque hacia el bienestar de los mexicanos, de los consumidores, con mejores precios y servicios. Para Barrrales la iniciativa “no tiene dedicatoria” para Carlos Slim sino lo que busca es que disminuyan los precios y costos así como la creación de más y mejores contenidos de televisión. Para el hidalguense, antes de descalificar la iniciativa es necesario estudiarla a fondo pero sin perder de vista que la finalidad última es elevar el bienestar de la población. Van dos buenos.

 Los Ramones inician. Ayer iniciaron los trabajos para la construcción del gasoducto Los Ramones, una obra de conducción de mil kilómetros que implicará inversión por 2,500 millones de dólares para garantizar el suministro del energético en los próximos 40 años. El proyecto impulsado por Pemex que dirige Emilio Lozoya permitirá que el gas natural se suministre de manera continua en la zonas industriales y urbanas del norte y centro  el país máxime que se proyecta un crecimiento de la demanda de casi 50% en los próximos 15 años, especialmente en Nuevo León donde el gobierno de Rodrigo Medina ha sentado bases para una intenso período de reindustrialización.

 No atorar.
La inversión privada en el sector turístico durante 2103 sumó 3,900 millones de dólares y la expectativa es que en 2014 será más intensa la derrama. Pero las proyecciones de Sectur que lidera Claudia Ruíz Massieu y del CPTM de Rodolfo López Negrete y Fonatur a cargo de Héctor Gómez, deberán sortear el atorón administrativo en la subdirección de zona federal en Semarnat, a cargo de Mariana Boy Tamborel, donde se estiman hay unos 2 mil proyectos varados en la tramitología.