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Cuando Amado Yáñez salió de su arraigo tras descubrirse el fraude de su empresa, Oceanografía, a Banamex por 600 millones de dólares, y se fue a su casa, se extendió una ola de decepción: este gobierno, el nuevo gobierno, había descubierto el mayor fraude bancario realizado por una empresa privada y su dueño seguiría en libertad el proceso penal, lo que es un mundo de diferencia hacerlo desde la cárcel.
Y sí, es cierto que la Función Pública había inhabilitado por 21 meses a su empresa, estaba en liquidación mercantil y Hacienda seguía una serie de investigaciones en las vertientes fiscal, financiera y de lavado de dinero, además de revisar las estructuras off shore que utilizó para evadir multimillonarios pagos al IMSS y al Infonavit, dejando a sus trabajadores, 10 mil, en el mayor desamparo a pesar de ser, la suya, una actividad de alto riesgo.
Pero Yáñez estaba en su casa y sus operadores y accionistas, Martín Díaz y los hermanos Rodríguez Borgio, fuera del país.
La PGR intervino a Oceanografía y la entregó al SAE para su administración; Hacienda hizo lo propio con Caja de Ahorro Libertad para proteger los ahorros de más de un millón de socios, y el equipo de futbol Querétaro fue vendido.
Personajes muy importantes de la política intervinieron en favor de los Rodríguez Borgio, que tras levantar el congelamiento de sus cuentas regresaron a México, lo que no ha hecho Martín Díaz, a quien Yáñez acusa de operar el fraude a Banamex.
El hecho, y parece ser el mensaje que manda directamente el presidente Peña Nieto, es la detención el lunes de Amado Yáñez por delitos financieros y fiscales, en un expediente más amplio de lavado de dinero y evasión.
Veremos hasta quiénes alcanza este mensaje presidencial contra la corrupción, pública y empresarial, de lo que hay escepticismo a pesar de los antecedentes de Elba Esther Gordillo y Germán Larrea, al que dobló.
Por lo pronto, ayer, la PGR consignó a Yáñez por delitos financieros a nivel de graves que le impiden salir bajo fianza.
¿Quién sigue…?
R: En este espacio hemos dado seguimiento, son hermanos, son del sur….
Cuando murió en el trágico avionazo de noviembre de 2008, el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, estaba en su momento de mayor debilidad política.
El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador le había exhibido contratos que firmó para que los negocios de su familia en el sector energético se vieran beneficiados siendo diputado federal presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Baja.
Mouriño Terrazo tuvo que salir en una descuidada conferencia de prensa en la que se le vio maldormido, desarreglado, devastado y sin explicación convincente sobre su sospechosa actuación.
En los días subsecuentes se rumoró de su salida. Ya no lucía el hombre fuerte de su presidente y mejor amigo Felipe Calderón, aquel todopoderoso operador desde Los Pinos. Murió muy poco después.
Sin embargo, los negocios de los Mouriño no sólo sobrevivieron sino que florecieron. Siempre se pensó que fue gracias al padre del extinto secretario, don Carlos Mouriño Antanes. En buena medida.
Pero en realidad, el que más lleva las riendas de la expansión económica familiar es el hermano mayor de Juan Camilo, Carlos Mouriño Terrazo, quien es además una figura clave en el entramado fraudulento de Oceanografía, gracias a un personaje que sí ha sido expuesto públicamente: Mario Ávila Lizárraga, el hombre que saltó de ser vendedor de coches a encargado de todos los negocios marítimos de Petróleos Mexicanos, y desde ese cargo se coludió con Oceanografía.
El 3 de abril pasado, en la entrega “La Mujer de Oceanografía” de estas Historias de Reportero, le informé que Ávila Lizárraga fue contratado en Pemex por presiones de la entonces Jefa de la Oficina de la Presidencia, Patricia Flores Elizondo, quien llamó a la paraestatal para “doblar la mano” de Juan José Suárez Coppel, entonces director general, y Carlos Romero Deschamps, líder sindical petrolero, quienes se resistían al injustificado nombramiento (también estaba en contra Carlos Morales, ex número dos de Pemex).
Patricia Flores habló en nombre del presidente Calderón para impulsar a Mario Ávila. Informantes que presenciaron en el sexenio anterior de primera mano toda esta trama, revelan que la familia Mouriño echó mano de la señora madre del ex secretario de Gobernación: ella le marcó a Calderón Hinojosa para pedirle el nombramiento del hoy prófugo de la justicia, y el ex presidente delegó la responsabilidad en su operadora de confianza.
La señora Terrazo de Mouriño hizo la llamada, pero quien planeó la toma de esa posición gubernamental estratégica fue su hijo Carlos, quien desde el nombramiento de Ávila se convirtió en su verdadero jefe y quien no es para nada ajeno al mayor escándalo financiero de este sexenio.
Donde estuvo Mario Ávila Lizárraga estuvo también Carlos Mouriño Terrazo.
Ya veremos hasta dónde llega la investigación y qué tanto inhiben al actual gobierno las aristas políticas del caso.
Una de las pistas que debe tener el equipo de Aristóteles Núñez en torno al caso de Oceanografía es la que vincula a la empresa Delta Servicios del Sureste –y una pléyade de firmas satélite- con la de Amado Yañez para el diseño y ejecución de ingeniería fiscal por parte del más destacado personaje en esas lides, Víctor Manuel Álvarez Puga.
El despacho Álvarez Puga tiene como especialidad la planeación de ingenierías fiscales al punto que le valió en 2010 ser fiscalizado por el SAT por la presunta realización de actos de defraudación fiscal. Delta Servicios del Sureste empieza a ser identificada como el canal por el cual se movilizaban los recursos obtenidos de Oceanografía para pago de “favores” y “amistades” por la obtención de los contratos de Pemex y de créditos bancarios.
Una de las vinculaciones que se indagan de es la de Delta con el ex tenista Oliver Fernández, presidente del Grupo OFEM y que recién anunció demandaría a Oceanografía —de donde es socio— por diversas irregularidades. Y esas indagatorias estarían por mostrar los alcances que tuvieron los dineros distribuidos en una compleja trama que bien se podría llamar “Los hijos del Moche”.
– A favor del consumidor. Ayer dos senadores, Alejandra Barrales del PRD y Omar Fayad del PRI, se manifestaron por que la reforma secundaria de telecomunicaciones se enfoque hacia el bienestar de los mexicanos, de los consumidores, con mejores precios y servicios. Para Barrrales la iniciativa “no tiene dedicatoria” para Carlos Slim sino lo que busca es que disminuyan los precios y costos así como la creación de más y mejores contenidos de televisión. Para el hidalguense, antes de descalificar la iniciativa es necesario estudiarla a fondo pero sin perder de vista que la finalidad última es elevar el bienestar de la población. Van dos buenos.
– Los Ramones inician. Ayer iniciaron los trabajos para la construcción del gasoducto Los Ramones, una obra de conducción de mil kilómetros que implicará inversión por 2,500 millones de dólares para garantizar el suministro del energético en los próximos 40 años. El proyecto impulsado por Pemex que dirige Emilio Lozoya permitirá que el gas natural se suministre de manera continua en la zonas industriales y urbanas del norte y centro del país máxime que se proyecta un crecimiento de la demanda de casi 50% en los próximos 15 años, especialmente en Nuevo León donde el gobierno de Rodrigo Medina ha sentado bases para una intenso período de reindustrialización.
– No atorar. La inversión privada en el sector turístico durante 2103 sumó 3,900 millones de dólares y la expectativa es que en 2014 será más intensa la derrama. Pero las proyecciones de Sectur que lidera Claudia Ruíz Massieu y del CPTM de Rodolfo López Negrete y Fonatur a cargo de Héctor Gómez, deberán sortear el atorón administrativo en la subdirección de zona federal en Semarnat, a cargo de Mariana Boy Tamborel, donde se estiman hay unos 2 mil proyectos varados en la tramitología.
El pasado 28 de febrero, Citigroup Inc denunció que Oceanografía, empresa encargada de brindar servicios a Pemex, defraudó a Banamex por casi 2 mil 880 millones de pesos. En este contexto, la última encuesta de Parametría, levantada en el pasado mes de marzo, reveló que poco más de la mitad de los encuestados (56%) se enteró del presunto fraude, mientras que para cuatro de cada 10 (44%) el caso de Oceanografía es desconocido.
En 2008, 2011 y 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó distintas anomalías en los contratos firmados entre Oceanografía y Pemex. En ese sentido, Parametría dio a conocer que, del total de encuestados, 51% cree que Banamex sabía de las irregularidades que presentaba Oceanografía, 21% consideró que la empresa engañó al banco y 2% dijo no saber de la situación.
El ejercicio de la encuestadora también refiere que, del 56% de encuestados que se enteró del caso siete de cada 10 (73%) dijo que Banamex sí sabía de las irregularidades que presentaba Oceanografía, es decir, 21% más que la población en general. 19% consideró que la institución bancaria y 8% -20 puntos porcentuales más bajo que la población en general-, no sabe lo que pasó.
Según revela el estudio de Parametría, de acuerdo con información de CNN, Oceanografía consiguió más de 160 licitaciones con Pemex entre 1999 y 2013, donde se colocó como una de las principales contratistas durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
A los mexicanos se les preguntó en qué gobierno Pemex contrató los servicios de Oceanografía. Las respuestas presentadas por Parametría revelan los porcentajes de encuestados que contestaron y que no lo hicieron.De la población en general, 38% dijo que fue en el sexenio del ex presidente Fox cuando, mientras que 43% no contestó. Otro 33% señaló que la contratación de Oceanografía por parte de Pemex sucedió durante el gobierno de Felipe Calderón, al tiempo que 49% no contestó. Únicamente 10% se lo atribuye al gobierno actual, mientras 70% reservó su respuesta.
Del mismo modo, del total de mexicanos que se enteraron del caso (56%), la mitad (50%)dijo que Oceanografía fue contratada por Pemex en el sexenio de Vicente Fox, mientras que 35% no contestó. Otro 35% señaló que esto sucedió en el gobierno de Calderón, al tiempo que 49% reservó su respuesta. Por último, 11% de los encuestados afirmó que las licitaciones de Oceanografía con Pemex sucedieron con Peña Nieto, mientras 72% no contestó.
PARAMETRÍA. Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 800 encuestas realizadas del 22 al 31 de marzo de 2014. Nivel de confianza estadística: 95 %. Margen de error: (+/-) 3.5 %. Tasa de rechazo: 53 % Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el IFE. Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con credencial para votar que al momento de la entrevista residan en el lugar de interés.
El pasado 2 de abril, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD en el Senado de la República anunciaron a la senadora priista Lizbeth Hernández Lecona como nueva presidenta de la comisión especial para el caso Oceanografía.
En conferencia de prensa la legisladora morelense del PRI aseguró que la comisión especial “trabajará con apego a derecho, a la transparencia y a la legalidad”.
El pasado 27 de marzo, Arely Gómez, también legisladora del tricolor, renunció a presidir la comisión especial para el caso, al aceptar parentesco en cuarto grado con Martín Díaz Álvarez, quien ha sido mencionado en las investigaciones.
Sin embargo, para quienes seguimos los trabajos de este tema en la cámara alta ubicamos de inmediato que la creación de una “comisión” en el Senado de la República, respondía a la intentona de amarrarle las manos al área de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Esto es:
a) Neutralizar los trabajos de Inteligencia Financiera del Gobierno de Peña Nieto,
b) Abrogarse tareas que sólo le competen a Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Procuraduría General de la República.
c) Darle un viraje político al escándalo de OCEANOGRAFÍA, para cubrirle las espaldas a los politicos del zedillato implicados y con ello, dejar todo el asunto como la operación fraudulenta de un solo hombre, al que “le cargarían todo el muerto”.
Es por ello que intervino Peña Nieto y a la mujer que habían puesto como Presidente de la Comisión Senatorial para el caso Oceanografía la hizo renunciar, tomando como argumentos, los siguientes elementos:
1.- Arely Gómez González es hermana de Leopoldo Gómez González, el exsecretario particular de Ernesto Zedillo; exsubsecretario de estado durante el régimen de Zedillo mismo, y cuña del zedillato en el manejo y orientación de las informaciones en Televisa, en donde se le ubicó desde el sexenio de aquél como vicepresidente de noticieros.
2.- Arely Gómez González, está emparentada Martín Díaz Álvarez, socio de Oceanografía.
3.- Martín Díaz Álvarez, de tiempo atrás, es investigado por la PGR, debido a que presuntamente adquiría para sus estaciones de servicio localizadas en la zona del Bajío, gasolina robada por Los Zetas.
– Asimismo se le ubica como “socio” de “empresarios” queretanos –Francisco Javier y Oscar Rodríguez Borgio–, codueños de casas de apuesta y de la llamada Caja de Ahorros Libertad, donde lavaban el dinero y, de la que era Presidente del Consejo de Administración el propio Martín Díaz Álvarez.
4.- Por cierto que otro de los socios de la Caja de Ahorro Libertad es el ex tenista Oliver Fernández Mena, el financiero de todas las confianzas de Elba Esther Gordillo.
5.- Y a través de dicha Caja de Ahorro Libertad Elba Esther Gordillo realizaba operaciones financieras y otorgaba “créditos” a los miembros del SNTE, a grado tal que este manejo les ofrecía jugosas ganancias, dado que tiene registradas cerca de 70 mil cuentas de profesores manejados políticamente por la profesora, para que cuidaran las casillas en elecciones donde los candidatos eran sus pupilos.
6.- En el gabinete de Peña Nieto tienen claro que la suerte del ex tenista Oliver Fernández Mena empezó a cambiar a partir de las relaciones de negocios que estableció con uno de los hijos del ex presidente Ernesto Zedillo, hoy promotor de la legalización de la marihuana, y en su propio sexenio acusado por el general Gutiérrez Rebollo de que su familia estaba involucrada en el tráfico de drogas.
7.- Resulta que el socio de Oceanografía, pariente de la legisladora priísta Arely Gómez González (Martín Díaz Álvarez) es sobrino de Francisco Gil Díaz.
8.- Oceanografía tiene como socia a la firma Akanuuk de la que es propietario Oliver Fernández Mena. Pues bien, resulta que Oliver es socio de dos empresas: OFEM y Crédito Maestro, utilizadas por Elba Esther, y de la compañía Álvarez Puga y Asociados, una outsourcing de la que, según se ha publicado ya, son socios, ¿quién cree?:
a) Los hijos de Francisco Gil Díaz
b) Uno de los hijos de…Ernesto Zedillo, y
c) Emilio Gamboa Patrón.
El hecho de que Emilio Gamboa, líder de los priistas en el senado, aparezca como socio de un hijo de Ernesto Zedillo, de los hijos de Gil Díaz y del ex tenista Oliver Fernández, en una empresa ligada a Oceanografía, tuvo algo que ver con la intentona de poner como “presidente” de la Comisión Senatorial encargada de “investigar” el Caso Oceanografía, precisamente a la senadora Arely Gómez González, quien fue “invitada a declinar y se nombró como nueva responsable a Lizbeth Hernández Lecona, quien desde el pasado tres de los corrientes encabeza los trabajos.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a la empresa naviera y de construcción marítima Oceanografía SA de CV por diversas irregularidades encontradas en Petróleos Mexicanos (Pemex), que van desde incumplimientos en los montos de las fianzas a pagar por los contratos asignados hasta la existencia de cuando menos cinco convenios modificatorios de contratos que elevaron sustancialmente el costo original pactado, y generar una presunta afectación de casi 3 mil 400 millones de pesos.
De acuerdo con una nota de MILENIO, los resultados de las auditorías efectuadas por el órgano interno de control de Pemex, se detectaron anomalías en los montos de las fianzas que Oceanografía debió pagar y que suman 147 millones de pesos (casi 11.5 millones de dólares); aunados a los casi 3 mil 250 millones de pesos producto de la irregular modificación de contratos con la firma naviera entre 2010 y 2012.
Una primera revisión efectuada por la SFP a las subdirecciones de la Unidad de Negocio de Perforación y a la de Servicios a Proyectos detalla que en nueve contratos celebrados con Pemex Exploración y Producción (PEP), Oceanografía entregó fianzas con montos muy menores a lo convenido y exigido por la ley, la cual estipula que todos los convenios se deben garantizar con una fianza de por lo menos 10 por ciento del valor total de cada contrato.
Según las investigaciones, el déficit de la cobertura de las fianzas por parte de Oceanografía supera los 11 millones 468 mil dólares, que valuados al tipo de cambio de 12.84 alcanza una afectación superior a 147 millones de pesos.
El hallazgo derivó en el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa Oceanografía por presuntas violaciones a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la cual, en su artículo octavo dice que “se incurrirá en responsabilidad cuando en las contrataciones públicas de carácter federal (…) se realicen actos u omisiones que tengan por objeto evadir los requisitos establecidos en las contrataciones públicas de carácter federal”.
GRAVE PERJUICIO
Sin embargo, las investigaciones de la SFP también encontraron irregularidades en la asignación de contratos entre 2010 y 2012 que derivaron en convenios modificatorios que pueden implicar daños patrimoniales severos a Pemex Exploración y Producción, empresa que durante ese periodo celebró 6 mil 834 contratos, de los cuales mil 92 se corrigieron con contratos modificatorios, pero en 113 el monto del convenio superó en más de 100 por ciento el importe original del contrato inicial.
El informe de la SFP revela que PEP firmó un contrato en 2010 con Oceanografía, dos en 2011 y otros dos en 2012, mismos que fueron producto de posteriores convenios modificatorios con los que se incrementaron inusualmente los pagos realizados por Pemex a la empresa naviera, hasta llegar a 3 mil 250 millones de pesos.
Los porcentajes de incremento frente al monto original de los contratos de PEP con Oceanografía van desde 92 por ciento en los firmados en 2012 hasta más de 530 por ciento en los de 2010, lo que a decir de los investigadores, constituye un conjunto de elementos que suponen la existencia de reiteradas prácticas indebidas en contrataciones hechas entre Pemex y la empresa.
En el contrato 428230840, firmado en 2010 por Oceanografia para la Unidad de Servicios Marinos, Gerencia de Administración y Finanzas de PEP, se pactó un monto inicial de 250 millones de pesos, pero con el convenio modificatorio el monto subió hasta 1576 millones de pesos; es decir, un aumento de 530 por ciento equivalente a mil 326 millones de pesos.
Figura central en la trama corrupta Pemex-Oceanografía, Francisco Gil Díaz despacha tranquilo en las oficinas mexicanas de la española Telefónica. Son tantos los personajes de ayer y de hoy involucrados en este despojo a la Nación recién expuesto que no se inmuta, pues está cierto de que a él no lo tocarán. Y es que, ¿y si habla? ¿Y si dice lo que no se puede conocer de Fox, Calderón, aún de Peña Nieto?
En los medios, empero, Gil Díaz es mención recurrente. Hace un par de días, apenas, el ex diputado federal y ahora diputado local sinaloense Manuel Cárdenas Fonseca, quien lo conoce y ha tratado, escribía en su habitual espacio periodístico del diario Noroeste, que “el otrora poderoso subsecretario de Ingresos que hacía lo que quería en el sexenio de Carlos Salinas y hacía sudar la gota gorda a su jefe administrativo Pedro Aspe… como secretario (de Hacienda) en el sexenio de Vicente Fox se adueña de todo el gasto sin ton ni son ante la ignorancia plena de Fox en la materia. Antes, siquiera tenía contrapesos en Aspe y Zedillo pero, con Fox, sólo sus chicharrones tronaban, fuera gasto o auditorías a modo.
“Así, llegamos a lo que pareciera ser el regreso de Aspe/Salinas con pupilos de entonces, ahora destacados funcionarios en las titularidades de Hacienda y Pemex, si bien no el SAT, lugar en el que Gil Díaz tuvo a su testaferro José María Zubiría Maqueo, a quién enfrenté por sus corruptelas hasta que, de tanto exhibirlo, y obligado por la Auditoría Superior de la Federación, se fue, pero sin sanción alguna durante el inicio del sexenio de Felipe Calderón.
“En esto de Oceanográfica, de GGM gasolineras, de Oro Negro, de CI Banco, de BANAMEX y Citi Group, de Big Bola 7, entre otras linduras, el Jefe, el gran Jefe, el único Jefe se llama Francisco Gil Díaz. Mi admiración y respeto en su giro, es de los meros buenos para eso, pero aquí se le chispoteó.
“Ir por su hijo Díaz White, de su sobrino Cañedo White, del otro sobrino Díaz Álvarez, vaya, de Amado Yañez, sí, hay que hacerlo, pero ¿y los “peces gordos” de PEMEX, Bancomext, CNBV, etcétera? Instituciones presididas en sus consejos por Gil Díaz ¿Qué? ¿A poco ellos no sabían de tan importantes operaciones de un avenido nuevo empresario (Amado Yáñez) con la línea telefónica del secretario de Hacienda abierta pues sus familiares estaban en todas estas empresas? Al margen de que su representante en una de ellas, la señora Mindy Kay, esté recluida por culpable en venta, distribución de drogas y lavado de dinero en Estados Unidos.
¿Quién se sintió traicionado por Francisco Gil Díaz que pegándole al PAN lo que busca es ir por la revancha contra quién se pasó de tueste?¿La librará impunemente y entonces el prestigio del peñismo se irá a las cañerías porque se fue demasiado lejos y no tuvieron la prevención de ver quién era el Jefe de eso y muchas cosas más?”
REUNIÓN GIL – AGUIRRUNAGA
No sólo Manuel Cárdenas Fonseca aporta datos. También lo hizo este lunes el experto en temas de corrupción Miguel Badillo, quien en su semanalOficio de Papel apunta:
“Con recursos públicos, el gobierno mexicano rescató de grandes pérdidas al banco que hoy opera Citibank. Francisco Gil Díaz, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, condujo gran parte de las estrategias jurídicas y financieras que permitieron dirigir recursos del erario al salvamento del banco de Alfredo Harp y Roberto Hernández, quienes después vendieron al gigante estadounidense del crédito en una operación que costó a los mexicanos al menos 3 mil 500 millones de dólares en impuestos que no fueron cubiertos, porque la transacción se realizó a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
“En el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz pidió que se le excluyera de omitir una opinión – como autoridad – respecto a la venta de Banamex, porque enfrentaba un conflicto de interés no por la verdadera razón: el rescate durante la época del Fobaproa de ese banco, sino por su cercanía con Roberto Hernández, quien había sido su jefe apenas unos años atrás en la telefónica Avantel.
“Gil Díaz siempre ha estado cerca de Banamex, pero al terminar su participación con los gobiernos panistas decidió tomar distancia. No se integró a sus filas ni aceptó un empleo en el sector bancario, a pesar de que en HSBC daban por un hecho que el exfuncionario público se integraría a su grupo de consejeros independientes. En cambio, Gil Díaz se refugió en Telefónica de España en donde, por cierto, ha contribuido al manejo fiscal del consorcio español.
“En Banamex, en cambio, recomendó a Javier Arrigunaga, quien fue uno de sus funcionarios clave en la época del Fobaproa y quien no tuvo empacho en integrarse a Banamex-Citibank. Dos vías relacionan a Arrigunaga con Roberto Hernández: la firma del pagaré del Fobaproa para rescatar a Banamex y una relación familiar, en segundo lugar. El CEO, director general, del Grupo Financiero Banamex-Accival, propiedad de Citibank, tiene lazos familiares con el abogado Iñígo Laviada Arrigunaga, quien se casó con la hermana de Roberto Hernández, María Elena Hernández Ramírez, vínculo que les permitió desarrollar grandes negocios en el sector agropecuario en el sureste del país.
“La carrera de Arrigunaga creció al amparo de la presencia de Francisco Gil Díaz en el Banco de México. Por eso no es extraña la reunión que Javier Arrigunaga habría sostenido con Francisco Gil Díaz apenas unas semanas antes de que estallara el escándalo de Oceanografía.
“El director de la filial de Banamex en México quiso compartir con Gil Díaz la gravedad de la crisis en la que estaba involucrado directamente su sobrino Martín Díaz, a quien Amado Yáñez le había confiado por completo la gestión financiera de la firma, dada sus buenas y efectivas relaciones.
“En aquel encuentro, Arrigunaga – pensando en su empleo, por supuesto – habría pedido a Gil Díaz que interviniera y solicitara a Yáñez y a su sobrino Martín Díaz que cubrieran el faltante. Nada se pudo hacer, el boquete era muy grande y el robo se había consumado.
“Arrigunaga tendrá que explicar a sus jefes de Citibank en Nueva York porque permitió que Martín Díaz Álvarez llegara a tal nivel de abuso. Díaz Álvarez no sólo ancló sus negocios en Oceanografía, sino que también aprovechó ampliamente la figura de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), no reguladas, que autorizó e impulsó desde la SHCP el propio Gil Díaz.
“Francisco Gil Díaz hoy guarda silencio – como lo hizo en aquella cita con Javier Arrigunaga -, pero en Citibank-Banamex deben explicar la histórica vinculación con el exfuncionario público que habría generado miles de millones de dólares en negocios que se fraguaron, desde la época del Fobaproa, con recursos del pueblo.”
Y, de verdad. ¿no tocarán a Gil Díaz ni con el pétalo de una cita a la PGR?
Índice Flamígero: Y en su Tiempo de Negocios, el respetado colega Darío Celis informa: “Un actor que hasta ahora se ha mantenido a buen resguardo en el escándalo de Oceanografía es White & Case. Le había platicado que tras el estallido del caso, el bufete legal de Vicente Corta –ex secretario ejecutivo del IPAB, con el que se sustituyó al Fobaproa– trató de pintar su raya y abandonó el barco cuando empezó a hacer agua. Sin embargo la firma puede aportar información relevante, tanto a la PGR que comanda Jesús Murillo como a la CNBV que capitanea Jaime González Aguadé y al propio Pemex, de Emilio Lozoya Austin, en el tema del fraude a Banamex-Citi por más de 400 millones de dólares.” Dirá algo o se debe a Francisco Gil, quien lo impulso en su carrera en el gobierno? + + + Desde hoy, el Índice Político se publica en el diario unomásuno. Gracias a su presidente editorial Naim Libien por la confianza.
Destapada la cloaca en Pemex Exploración y Producción, tras la “renuncia” de Carlos Arnoldo Morales Gil a principios de febrero y el escándalo de Oceanografía, su prestadora de servicios, no se restringe exclusivamente a esta empresa comandada por Amado Yáñez –hoy bajo arraigo de la PGR–, hay que hacer una revisión hacia el interior de la empresa para tener una idea del miasma que corre en los sótanos de esta filial de Pemex, de lo podrido que está ese organismo, gracias al andamiaje que construyó su ahora ex director general. Muy al estilo de la Camorra siciliana, por lo que bien le viene el mote de “El Padrino”.
Para empezar, tenemos dos joyas: Compañía Mexicana de Exploraciones, filial de Pemex (participa con el 50%), dirigida por quien ha sido señalado como un gran corrupto, un verdadero pájaro de cuenta, Adán Ernesto Oviedo Pérez (palafrenero de Morales Gil), y la Unidad de Negocios de Perforación, órgano que actúa como autónomo dentro de la organización y dirigida por Baudelio E. Prieto de la Rocha (compañero de generación –de corruptos– de Morales Gil).
Oviedo Pérez fue un verdadero fiasco cuando “fingió” como subdirector de Exploración: las reservas se fueron a la baja y la restitución de las mismas nunca llegó, pero ¿y los 100 mil millones de pesos –sí: 100 mil millones de pesos– que erogó durante su gestión? ¿Dónde quedaron? Se le deben fincar responsabilidades por ese incumplimiento, porque el dinero es de nosotros los contribuyentes al erario. ¡Ah!, y porque –no se ría– Pemex “es de todos los mexicanos”.
Este Oviedo Pérez fue quien, en 2003, enviado por “El Padrino” a Houston, entregó toda la información estratégica del proyecto Aguas Profundas a las compañías norteamericanas. ¿La información es propiedad de los gringos? No, la información es propiedad de la Nación, conjuntamente con el subsuelo y los hidrocarburos, y por ello también se les deben fincar responsabilidades a Morales Gil y a Oviedo Pérez, mismas que pueden ser de traición a la patria.
Aún más, entre ambos han utilizado a la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa), dependiente de la Secretaría de Energía, para evadir la Ley de Obra Pública y no llevar a cabo licitaciones públicas para los estudios sísmicos que cubrieron todo el Golfo de México (Aguas profundas), donde han hecho levantamientos con inversiones de varios miles de millones de dólares fuera de la ley. También evaden la ley en las asesorías de Pemex Exploración y Producción por varios miles de millones de pesos, en las que compran estaciones de trabajo y servidores para los sistemas interactivos. Sería conveniente que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación revisaran toda la documentación de esta filial por los últimos diez años y seguramente encontrarían grandes sorpresas de la dupla de hampones.
LA OTRA JOYITA
En el caso de la Unidad de Negocios de Perforación, dirigida por Baudelio E. Prieto de la Rocha, en una forma engañosa en sus estados financieros se señala un presupuesto anual ínfimo, pero en realidad maneja el 80% del presupuesto de Pemex Exploración y Producción (200 mil millones de pesos anuales), formado por la aportación de todas las áreas que tienen pozos programados en el año. Ese presupuesto lo manejan sin transparencia. Los costos de perforación son altísimos y las fugas de dinero son grandes debido a su ineficiencia. Una vez iniciado un pozo, éste es un barril sin fondo y casualmente Carlos Morales Gil giró instrucciones para que se le transfiriera a esa unidad todo el dinero que solicitaran. En realidad es la “caja chica de Pemex”.
Es necesario que la Secretaria de la función pública y la Auditoria Superior de la Federación, también aquí, auditen los estados financieros de este órgano con la finalidad de que detecten a donde van a parar esos miles de millones de pesos.
Dineros de cuyo destino seguro sí sabe Morales Gil, “El Padrino” de esta trama corrupta.
Índice Flamígero: Hay quienes opinan que quieren echarle tierra al asunto de Oceanografía, porque de esa manera no se le seguiría el hilo a la corrupción dentro de Pemex, en la que están inmiscuidos directores generales como Juan José Suárez Coppel y Luis Ramírez Corzo; ex presidentes de república y secretarios del despacho presidencial. Quienes así lo afirman brindan algunos nombres de la mafia de Carlos Morales Gil, compañeros y alumnos, pero también cómplices en la corrupción de Pemex Exploración y Producción: José Refugio Serrano Lozano, Félix Alvarado Arellano, José Luis Fong Aguilar, Juan Arturo Hernández Carrera, Moisés Ithuriel Orozco García, Antonio Narváez Ramírez, José Antonio Escalera Alcocer, Javier Hinojosa Puebla, Fernando Flores Rivera, Luis Octavio Alcázar Cancino, Juan Manuel Riaño Caraza, Miguel Ángel Hernández García, Arturo Ramírez Rodríguez, Gonzalo Rodríguez Aguilar. Algunos que se fundieron como fusibles por avorazados o no cumplir con las metas ($), como: Maclovio Yánez Mondragón (pagó 20 millones de pesos por su secuestro y es sobrino de Amado Yánez Osuna de Oceanografía, por lo que valdría la pena investigarlo para saber el origen de los cuantiosos millones de pesos que posee), Eduardo Fernández Venegas, Heberto Rodríguez, Eduardo Alfredo Guzmán Baldizán (se enriqueció hasta la saciedad en Poza Rica, hubo denuncias, pero no pasó nada), Filiberto Anaya López (tiene una averiguación iniciada en el 2002 por el robo de diez compresoras que se utilizarían en pozos de baja presión, cada una con un valor de un millón de dólares), Quintín Cárdenas Jammet, Juan Manuel Sánchez Bujanos. Aquí están las pistas, dicen. ¿Las seguirán? ¿Usted qué cree?
Atrás de tanto ruido político, hay un caso que no deja de producir información: la corrupción de Oceanografía. Amado Yáñez Osuna, principal accionista de la empresa, se encuentra arraigado en Acapulco, en buena parte por la forma cándida y abundante como empezó a narrar en la PGR del modus operandi que tenía, de sus nexos con ejecutivos de Banamex para que aprobaran sus operaciones financieras con documentos apócrifos y de la red de vínculos políticos y lo que hizo con ellos en oscuros trueques. Tocó lo que nadie se imaginaba que hiciera y una vez que terminó, lo que tenían en sus manos las autoridades era una mina de oro en datos. Lo metieron en un Blackhawk y se lo llevaron a una de sus propiedades en el lujoso fraccionamiento Las Brisas.
Yáñez Osuna mencionó al ejecutivo de Banamex que elaboró manuales de operación con Oceanografía donde no incluía como requisito conciliar la información con Pemex, y que meses después fue contratado por su empresa, lo que va directo al corazón de los controles internos del banco, que vive una convulsión y están en riesgo sus mandos directivos de ser relevados por estadounidenses enviados por su casa matriz Citigroup. También nombró a los gobernadores a quienes financió sus campañas electorales –donde sobresalen panistas-, y cómo esos recursos se fueron tapando con obra pública para Oceanografía.
La mina de información que ha sido Yáñez Osuna es tan rica y variada, que se volvió un problema para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. No por las sorpresas que pudieran encontrar sobre priistas o perredistas involucrados con Oceanografía, sino por todo el lodazal en el cual chapalearon los panistas y esa empresa durante más de 10 años. Las redes de corrupción son tan grandes y tocan personalidades tan notables, que proceder sobre la base de los detalles que está proporcionando uno de los empresarios más consentidos de los años azules, sería el equivalente a declararle la guerra política al PAN y, probablemente, eliminarlo de la contienda presidencial en 2018.
Eso es lo que tiene frenado al gobierno federal en el caso de Oceanografía. Ir al fondo de la corrupción de la empresa, de acuerdo con personas que conocen detalles de lo que está hablando Yáñez Osuna, es tocar el corazón del poder panista. Las redes del empresario se extienden por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y abarcan las corrientes en pugna por el control del partido. La pregunta de qué es lo que quiere el gobierno de Peña Nieto tiene respuesta: no quiere arruinarle la vida al PAN porque es eliminar a un aliado político indispensable para las reformas que están en las cámaras, y para las que vienen.
La primera señal de las dificultades que enfrentó el gobierno fue cuando tuvieron que decir que la corrupción encontrada fue de 2013. No fue mentira, pero tampoco del todo cierto. El periodo de la principal investigación de Oceanografía que llevó en febrero a su inhabilitación, comprende de 2010 a 2012, tras reactivarse las auditorías en Pemex que fueron congeladas durante el gobierno de Calderón. No mencionar esos años en específico se debió a que el PAN reaccionó con virulencia y amenazó con descarrilar el proceso de aprobación de las leyes secundarias de telecomunicaciones y energéticas, que le urge al gobierno peñista aprobar.
El PAN tiene como rehén al gobierno y lo metió en un dilema ante la opinión pública. No puede utilizar judicialmente toda la información que ha proporcionado Yáñez Osuna sobre panistas y financiamiento ilegal de campañas políticas, porque provocaría una postura homogénea del PAN para enfrentar las acusaciones, que tomaría la forma de sabotaje a las iniciativas de ley peñistas. Pero al mismo tiempo el gobierno despertó tantas expectativas sobre el fondo al que podría llegar la corrupción en Oceanografía, que no proceder contra panistas de renombre sería, en términos de opinión pública y percepciones, tanto como haber negociado con el PAN impunidad.
Para el gobierno de Peña Nieto es un escenario más de costo y beneficio. Hasta ahora, lo que fue demostrado durante todo el año pasado, le ha resultado más benéfico tener al PAN como aliado que como enemigo. Actuar conforme lo marcaría la ley, no está en el interés estratégico del gobierno. Ir contra el PAN, es la lógica imperante, es fortalecer no a la izquierda reformista que fue aliada en el Pacto por México, sino a la izquierda social que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien bajo esa racional sería el gran beneficiado del colapso del PAN, por razones de corrupción, y el rival –directo o indirecto- al que tendrían que enfrentar en 2018. El gobierno no parece listo para ese tipo de adversario.
El mexicano Ángel Isidoro Rodríguez, conocido como El Divino, huyó a España cuando estallaron los escándalos bancarios de 1994, y a pesar de saltar al mar desde un yate en aguas de Palma de Mallorca, fue detenido por la Interpol, y extraditado a México hace dos años. Acusado de cometer fraudes colosales, de haberse concedido a sí mismo 400 millones de dólares (73.600 millones de pesetas) en préstamos, quedó en libertad provisional. Un juez ha suspendido recientemente una posterior orden de arresto, y los supuestos delitos cometidos por El Divino pueden quedar impunes. Su historia es la de otros muchos.Rodríguez, que estuvo en la cárcel española de Soto del Real durante 22 meses, es uno de los banqueros mexicanos acusado de haber gestionado sus negocios saltándose a la torera toda norma profesional, las leyes de Instituciones de Crédito y Mercado de Valores, y de haber contribuido a la destrucción del sistema. Amante de los lujos y la buena vida, figura en la relación de mexicanos fraudulentamente beneficiados por el rescate bancario ejecutado por el Gobierno de Ernesto Zedillo en 1995. Fueron más de 65.000 millones de dólares en compra de carteras vencidas y adquisición de activos para evitar que la devaluación del peso, en diciembre de 1994, y las quiebras en cadena condujeran a la ruina de los ahorradores y del sistema financiero. La deuda ha crecido hasta cerca de los 100.000 millones de dólares (18 billones de pesetas).
Una de las promesas del presidente electo, Vicente Fox, a sus compatriotas fue acabar con la corrupción.Deberá dedicar muchos esfuerzos al combate, porque la lista de quienes se enriquecieron con ella es larga. La Procuraduría General de la República (fiscalía) salió al paso del malestar social, precisando que la suspensión definitiva de la orden de detención contra Rodríguez no implica su anulación, porque todavía no ha sido dictada sentencia en el fondo del caso. La orden fue dictada por un delito sancionado en el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito: la concesión ilegal de créditos en 1994 a la empresa Aerotransportación Comercial.
El ex presidente del grupo financiero Asemex-Banpaís, El Divino, fue acusado de haber aprobado un préstamo de tres millones de dólares (552 millones de pesetas) para la compra de dos aviones de una empresa área inexistente. El destino de esos tres millones parece fácil de deducir. El 10 de diciembre de 1999, más de 20 agentes judiciales se apostaron frente a la casa de El Divino para detenerle. “¡Qué es esto! ¡Tengo un documento de amparo! ¡Ahora lo traigo!”. Como no presentaron orden de registro, Rodríguez entró de nuevo en casa y despistó a los agentes.
“Divina impunidad”, tituló la revista Época en portada el 8 de junio de 1998. Año y medio después, inmerso en otra causa por un desfalco de 50 millones de dólares (9.200 millones de pesetas), Rodríguez quedó de nuevo libre al entenderse que las acusaciones se presentaron fueran de plazo. Protegido por un eficaz equipo de abogados, ha derrotado uno tras otro todos los intentos en su contra. El juez séptimo de distrito en Materia Penal, Jesús Guadalupe, anuló recientemente la orden de detención, que había sido cursada en cuatro ocasiones por tres jueces diferentes. El magistrado estima que no puede evaluar el caso de los aviones al no estar incluido entre los cargos contenidos en la solicitud de extradición remitida en su día a España. La fiscalía recurrirá esa sentencia.
Con 31 años, el procesado ya era en 1991 el banquero más joven de México; y le gustaba que le llamaran El Divino. De cuna noble, su padre, Isidoro Rodríguez Ruiz, fue el zar del transporte en México, propietario de varias flotas de camiones, y envió a su hijo a estudiar en universidades de EE UU, Alemania y Francia. Éste pronto ingresó en el mundo de las finanzas como gerente de inversiones de Seguros Constitución.
Entre 1988 y 1994, durante el mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari, saltó desde la dirección de Mexival Casa de Bolsa hasta la presidencia de Asemex-Banpaís. Banpaís, el segundo banco privatizado a partir de 1991, acumuló una cartera con serias deficiencias estructurales, una excesiva concentración de créditos corporativos, principalmente a empresas propiedad de accionistas y consejeros del mismo grupo financiero y del propio banco; muchos fueron concedidos sin las garantías necesarias, y otros concedidos en divisas a empresas que no las generaban. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino el banco y las filiales en marzo de 1995. Ahora se investigan múltiples fraudes: desde autopréstamos a manejos ilegales en la gestión.
LAS MEGAESTAFAS DE OCEANOGRAFIA, ALVAREZ PUGA y CIA. 